¿ES POSIBLE GLOBALIZAR LA JUSTICIA?

J.G. Tokatlian Fuente: Diario "Clarín"




El terna de la justicia universal está hoy en el centro del debate internacional y nacional. En el plano global, la entrada en vigencia de la Corte Penal Internacional (CPI); la creciente preocupación por la condición humanitaria de los civiles en Irak (los ataques de EE.UU. produjeron más de 10.000 muertes entre la población desarmada y las condiciones de vida en el país son deplorables); la derogación después de fuertes presiones estadounidenses por parte del primer ministro de Bélgica, Guy Vershofstadt, de la Ley (le Jurisdicción Universal de 1993 que permitía el juzgamiento en cortes belgas de genocidios y crímenes de lesa humanidad; y las arbitrarias sanciones impuestas por Estados Unidos contra 35 países que no lean firmado acuerdos bilaterales para que sus funcionarios y ciudadanos no sean acusados ante la CPI, han generado una mayor atención mundial sobre los derechos humanos, su defensa y vulneración.

En el plano local, la anulación, por parte del Gobierno del presidente Néstor Kirchner del decreto que impedía la extradición de represores de la última dictadura militar y la reapertura de la polémica en torno a las leyes de Punto Final y Obediencia Debida marcan la reintroducción del tema de los derechos humanos en la agenda política y jurídica interna.

Estos hechos han motivado en Argentina la discusión sobre el alcance de la globalización de la justicia y sobre la naturaleza de la redefinición de la soberanía.
Pero esta interesante controversia doméstica se ha efectuado como si la justicia nacional fuera parroquial, hermética y retrógrada. Sin embargo, la Justicia argentina ya está internacionalizada. Un caso muy reciente y afectivamente cercano corrobora esta aserción.

Dos días antes del final del siglo XX, el 29 de diciembre de 2000, un descendiente
de armenios nacido en Córdoba, Gregorio Hairabedian, realizó una presentación ante la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal.

La misma hacía referencia al genocidio armenio a manos del Estado de Turquía acaecido entre 1915 y 1923 y en el cual fueron aniquilados 1.500.000 armenios. Invocando el derecho a la verdad y el derecho duelo, Hairabedian explicó cómo 50 familiares directos fueron asesinados por el Estado turco.

Reclamaba el esclarecimiento que debía hacer Turquía de ese exterminio. Como es un hecho evidente y reiterado el que el Estado turco no asume su responsabilidad en el reconocimiento del genocidio armenio, Hairabedian pide al Estado argentino investigar y esclarecer los acontecimientos denunciados.

Luego de una detallada exposición, insta que el gobierno de Turquía informe sobre lo ocurrido a sus familiares paternos y maternos, facilite los archivos relativos a los sucesos de 1915 23 y permita localizar los restos de sus familiares, mientras solicita que Gran Bretaña, Estados Unidos, Alemania, Francia, Bélgica, Rusia, Grecia y al Vaticano remitan la información disponible en sus archivos en torno al genocidio armenio.

Tiempo después, en 2002, la Cámara rechazó la presentación de Gregorio Hairabedian, manifestando que Argentina carecía de atribuciones para efectuar la indagación requerida.

Hairabedian, con el patrocinio letrado de su hija Luisa, de Carlos Andrada y otros jurisconsultos impugnó la resolución. En esencia, la impugnación apuntaba a señalar que no existía una pretensión punitiva en la causa iniciada, sino la justa búsqueda de la verdad y del duelo necesario.

Finalmente, hace pocas serranas el juez Norberto Oyarbide dictó una resolución favorable a la presentación original de Hairabedian. Con ello, ya se han emitido los respectivos exhortos a los gobiernos antes mencionados para así obtener los informes y documentos respectivos a ese caso.

Este es un hecho trascendental para los descendientes de armenios, para la Justicia argentina y para la causa universal de los derechos humanos. La multiplicación de presentaciones como las de Hairabedian en el país, en la diáspora armenia y en la República de Armenia permitiría exigir la apertura de archivos y otras fuentes documentales sobre lo que hace más de ocho décadas constituyo en primer genocidio del siglo XX.

La Justicia argentina reafirma con esa resolución el legítimo derecho a la verdad en nuestro país; en particular frente a los crímenes atroces y de lesa humanidad. La comunidad internacional añade mi acontecimiento extraordinario a la larga lista de avances en materia de protección de los derechos humanos y del derecho humanitario.

Este caso demuestra, asimismo, que las fronteras para los genocidas no sólo ya se desmoronan en el extranjero sino también y en especial en Argentina. Nuestro país es también escenario de una Justicia internacionalizada como lo corrobora el ejemplo descrito: un argentino de nacimiento reclama por sus antepasados de origen armenio eliminados por un sistema de terror instaurado por Turquía y que fue, en muchos casos, minuciosamente recopilado por nacionales (alemanes, rusos, estadounidenses, etc.) de otros países que se encontraban en territorio turco.

La necesidad de la verdad y la realización del duelo están entrelazadas por la persistencia de la memoria; ésta sólo empieza a convertirse en mi recuerdo tolerable y reparador cuando los criminales reconocen, sinceramente, sus actos atroces.